Añón plantea bajar costos y facilitar la formalización de pequeñas empresas con una gestión colectiva
La candidatura de Daniel Añón para la representación empresarial en el directorio del Banco de Previsión Social (BPS) busca impulsar una agenda centrada en la eficiencia del organismo, la defensa de los contribuyentes y la formalización de pequeñas empresas y trabajadores independientes. El empresario, que encabeza una lista integrada por referentes de distintas cámaras y sectores de actividad, plantea que el trabajo de los directores debe estar acompañado por un contacto permanente con el empresariado.
En diálogo con CRÓNICAS, Añón explicó que la propuesta se basa en una dinámica colectiva, tanto entre los seis integrantes de la lista como con las organizaciones empresariales. “Los seis que integramos la lista nos vamos a reunir siempre en el supuesto caso de que ganemos las elecciones”, señaló.
La intención es establecer encuentros periódicos en los que puedan participar representantes de las cámaras y empresarios, especialmente de micro, pequeñas y medianas empresas, para acercar problemas e iniciativas al director.
Uno de los planteos de la candidatura es revisar el uso de la partida mensual de $ 600.000 que recibe cada director para contratar asesores. Añón aclaró que no considera que el mecanismo sea necesariamente un disparate, aunque sí entiende que existe margen para reducir gastos.
“Nosotros vamos a mostrar, y acá sí que es una de las cosas que puede hacer el director o la dirección del empresario, la posibilidad de achicar el costo del Estado”, sostuvo. Su propuesta consiste en contratar especialistas cuando sea necesario, en lugar de mantener asesores permanentes.
“Nosotros lo vamos a usar exclusivamente cuando tengamos algún inconveniente y no tener contratado un abogado, un escribano o un arquitecto mensualmente. Entonces, cada vez que tengamos un problema, por ejemplo, tenemos un problema jurídico, tenemos que contratar a un abogado”, explicó.
Añón estimó que el ahorro podría ser significativo y cuestionó que esos recursos no se destinen a otras prioridades. “Yo creo que de esos $ 600.000 vamos a ahorrar bastante plata”, dijo, y agregó que, a su entender, “el BPS enfrenta un problema estructural vinculado al volumen de servicios que presta y a la relación entre sus ingresos y egresos”.
Formalización y costos
La formalización de pequeñas empresas y trabajadores independientes es otro de los ejes de la propuesta. El candidato entiende que la carga de aportes puede llevar a que algunos emprendimientos permanezcan en la informalidad, con consecuencias sobre el acceso a la cobertura de salud y la futura jubilación.
“Entre que tienen que pagar DGI y BPS, prefieren quedarse informales. Y no se dan cuenta de que, si no hacemos un esfuerzo por el lado del BPS y otro por el lado del pequeño emprendedor, se queda sin jubilación y sin asistencia médica”, afirmó.
Consultado sobre qué costos deberían reducirse primero, fue concreto: “Hay que bajar tanto los aportes del BPS como lo que se paga por DGI fijo”.
Certificaciones médicas
Sobre el subsidio por enfermedad, el candidato señaló que se trata de un problema que ya estaba presente durante su anterior participación en el organismo, hace 18 años. Su planteo no apunta a cuestionar a quienes necesitan la cobertura, sino a estudiar eventuales situaciones de uso indebido o abusivo mediante herramientas médicas.
“Como nosotros también cofinanciamos parte de eso que se le paga al empleado por el subsidio de la enfermedad, le vamos a pedir al BPS, mediante médicos del BPS, que se contacten, que pidan al prestador de salud en algún caso que nosotros sepamos que tiene reiteradas certificaciones o una certificación que tiene mucho tiempo”, explicó.
La idea, según detalló, es analizar caso a caso la evolución de la historia clínica y determinar, mediante los profesionales correspondientes, si existe una mejora, si es necesario realizar una junta médica o qué medidas pueden adoptarse.
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